¿Qué me gustaría encontrar en el programa de Ciudadanos?

Todas las opiniones que aparecen en este blog son personales. No tienen refrendo alguno por parte del partido de Ciudadanos. He pretendido dejarlo claro con el encabezamiento de cada entrada. Esta, por ejemplo, se encabeza con la pregunta de ¿qué es lo que me a mí me gustaría que apareciese en el programa de Ciudadanos? O sea, que se trata de lo que yo aportaría en un hipotético debate del partido en el que se planteasen cuestiones como las que abordo a continuación: ¿En nuestro programa se abordarán sólo políticas coyunturales o también se incluirán cambios en la política estructural del Estado que afecten a leyes orgánicas y también a la constitución?¿Es necesario reformar la constitución?¿Qué tipo de reformas constitucionales serían necesarias?¿Qué tipo de constitución sería más adecuada: una de tipo garantista, con simplemente los dos primeros títulos actuales (el preliminar dedicado a la unidad del Estado y al origen de la soberanía y el titulo 1 dedicado a los derechos y deberes) y el resto delos títulos sacarlos fuera de ella, como leyes orgánicas más fácilmente actualizables, o sería más adecuada una de tipo organizador como la que tenemos ahora? A ese tipo de preguntas es a las que yo doy contestación en los párrafos que siguen. Mi contestación personal. No obstante, lo que para mí es substancial es que temas como éstos deben ser debatidos dentro de un partido a la hora de confeccionar su programa. No se pueden escabullir estos temas de debate en el seno de los partidos. La postura del partido sobre cada uno de estos temas debe concluirse de las opiniones de la mayoría, obtenidas por votaciones sobre cada tema, y deben incorporarse a los programas con formulación de objetivos y actividades necesarias para su divulgación y consecución. Y dicho esto....

Hay que distinguir, para empezar, la diferencia entre dos conceptos muy parecidos que se suelen usar como sinónimos sin serlo: Proyecto y Programa. Lo que yo entiendo por proyecto es la imagen del objeto final hacía el que se dirige un trabajo de construcción. En el caso de un partido político, en nuestro caso, el proyecto tendría que definir el tipo de Estado que queremos conseguir. No hay que esforzarse mucho para describir un Estado ideal, incluso no será difícil ponerse de acuerdo en el proyecto. ¿Quién no desea un Estado feliz, unido, fuerte, justo y respetuoso con el legado a las generaciones venideras? Para mí sería suficiente. Pero tampoco me opondría al añadido de otros términos semejantes. Ésa, más o menos, así de simple y corta, podría ser para mí la descripción de un proyecto de Estado.

El Programa es el conjunto de actividades necesarias para, en primer lugar, conseguir la mayoría absoluta que le dé al partido la capacidad de acción, y una vez obtenida, llevar al Estado a esa situación ideal definida en su proyecto, o lo más próxima posible. Es por tanto el programa algo más complicado de ingeniar, de explicar, de comprender y de asumir. Pero, por difícil que sea, hay que intentarlo.

En nuestra situación de partida, un partido nuevo, y un estado en crisis económica y anímica, ponerse a la labor de redactar el programa, se presenta como una tarea utópica y titánica, pero es preciso, hay que hacerlo, porque sólo la palanca de la utopía nos puede hacer saltar  del fondo del saco en el que nos encontramos.

A mi entender, la primera dificultad a plantearse al diseñar este programa es que no se tratará tan sólo de sacar al país de una crisis coyuntural debida a las circunstancias económicas generales o locales. Se tratará también de resolver una grave crisis estructural que afecta a un Estado prácticamente nuevo, con 35 años. Como aquel que dice, recién estrenado, pero con una obsolescencia en sus instalaciones jurídicas que le imposibilitan no ya caminar, sino simplemente mantenerse en pie !Treinta y cinco años de organización estructural y no hemos aprendido a caminar! Nos seguimos tropezando con una simple  raya pintada en el suelo.

No será, pues, suficiente con la acción ágil y acertada de un gobierno, dirigida a acabar con el paro, con la corrupción, con el déficit, con la deuda, a levantar una sanidad pública decaída y desanimada y a empujar a una educación pública recortada no sólo en lo material, sino principalmente en su espíritu de superación. No será suficiente. Hay que cambiar también el sistema legislativo. La maraña de leyes que pueden haber llegado a tejer un parlamento nacional y 16 parlamentos autonómicos a lo largo de 35 años, para al final acabar en el lugar que estamos, son suficiente atadura para explicar porque estamos así: paralizados. Pero no sólo el sistema legislativo está mal, es que la justicia está peor. Nuestro sistema judicial sólo puede dejar satisfechos a los que viven de él. Nadie que lo conozca o haya tenido que esperar de él un fruto de justicia, puede abogar porque una organización semejante se mantenga. Finalmente, y para que no falte de nada, tenemos una constitución que si no es la madre de todos los problemas, es la defensora principal de que éstos sigan creciendo y sean cada vez más y mayores. De modo, que quizá lo primero de todo lo que hay que hacer es cambiar la constitución. Como aquel que dice, reformar el barco en medio de la tormenta

Y es que una constitución, para que tienda a perpetuarse sin servir de corpiño constrictor y de mortaja al país al que pretende llevar de la mano, tiene que ser mucho más simple que la nuestra. Una buena y eterna constitución debe limitarse a ser garantista. Debe garantizar el respeto de una serie de derechos y deberes de los ciudadanos, de unos principios generales que orienten las leyes, y dejar que éstas se encarguen de descender un grado más en el nivel de detalle, sin apurar demasiado, para dejar libertad a los gobiernos para que dentro del marco de esta constitución y de estas leyes, les quede un margen para adaptarse en su tarea a las condiciones cambiantes del futuro y a introducir la necesaria innovación normativa que su ingenio les sugiera y las circunstancias demanden. Nuestra constitución actual, es orgánica. Es decir, no sólo se limita al dictado de unos principios firmes de la unidad del estado y de la soberanía y a ser valedora de unos derechos inalienables, sino que también se dedica a disponer como debe organizarse nuestro país en todo el futuro que nos queda por delante, en una cantidad de aspectos, que el tiempo ya se ha empeñado en demostrar que por ahí, por algunos de los caminos ya trazados, no cabemos todos. Por ejemplo, sin ir más lejos en su título octavo.Y ahí nos duele.

Yo dejaría una constitución troncal, madre de todas las leyes, en la que sólo quedasen los dos primeros títulos actuales: el título preliminar, y el título I, dedicado a los derechos y deberes de los ciudadanos. Los demás títulos, los que hiciesen falta, los sacaría fuera, los acometería por medio de leyes orgánicas que deberían ser las ramas principales que saliesen de ese tronco constitucional y en las cuales deberían insertase después el resto de disposiciones y normativas, más o menos coyunturales que cada gobierno considerase necesario incluir dentro del marco legal para desarrollar sus políticas adecuadas al momento. Es decir, la constitución debe limitarse al tronco del árbol que nunca puede ser podado. Las leyes serán las ramas principales que salen del tronco que se harán fuertes y viejas, pero que algún día se podrán podar para que brote una nueva en su lugar y así rejuvenecer al árbol. Los decretos y disposiciones de menor rango son comparables a las ramas de fructificación que se pueden renovar incluso cada año. Actualmente, nuestro tronco constitucional contiene disposiciones que no sólo se han quedado viejas sino que nacieron en sitio inadecuado y que son dispensables y perjudiciales, pero están incorporadas al tronco, y ése es el problema. Nuestra propia constitución nos está asfixiando.

El segundo aspecto estructural que yo introduciría en el sistema, imprescindiblemente, sería: más democracia. El artículo 1 de nuestra constitución determina que la soberanía radica en el pueblo. Pero ahí se queda la cosa. Y, lógicamente, la sensación generalizada del pueblo, tras 35 años de no creernos una mentira como ésta, es que no estamos conformes. La soberanía en España, se la reparten, con el apoyo constitucional, entre los tres estamentos que, en teoría, son los que deberían estar más sujetos a la soberanía del pueblo: el gobierno, el parlamento y la justicia. En un nuevo estado más democrático, en mi opinión, tendría que haber tres leyes orgánicas imprescindibles, una para cada uno de estos estamentos, en las que se empezara por definir cómo y en qué forma se organiza territorialmente cada uno de ellos. Porque la organización territorial no tiene porqué ser idéntica en los tres estamentos. Uno, el ejecutivo por ejemplo, puede subdividirse funcionalmente en provincias, y otros, como el legislativo, a lo mejor no necesitan ninguna división territorial, o, como en el caso de la justicia, pueden estar totalmente transferidas sus funciones a nivel provincial sin más dependencia que la debida al pueblo de su circunscripción provincial. En fin, lo esencial es que en cada una de esas leyes se defina la división territorial de cada uno de estos estamentos. El gran error ha sido dividir el Estado, la nación, España, en 16 autonomías. Lo que hay que dividir no es España, sino cada uno de estos ámbitos de actuación institucional: ejecutivo, legislativo y judicial, y no todos en las mismas partes. Un segundo aspecto a considerar en esas leyes sería el mecanismo para establecer una intercomunicación fluida, regular y permanente entre el estamento considerado, y sus porciones, con el pueblo soberano de su circunscripción, que debería ser el encargado de controlarle y de poner en marcha las medidas correctivas, en su caso, que también se deben establecer en estas tres leyes orgánicas. Estos dos aspectos regulados por estas tres leyes son fundamentales para conformar un estado más democrático y moderno, al que actualmente deberíamos aspirar los ciudadanos españoles. Puede deducirse que estas tres leyes comprenderían lo que en la constitución actual corresponde a los títulos 3 al 6 y también al título 8 que se haría innecesario.

Otra modificación que también, a mi gusto, debería incluirse en el título preliminar de nuestra constitución, iría dirigida al aseguramiento de la unidad del Estado de una forma más clara y tajante de la que se hace actualmente. Yo incluiría una serie de imposiciones totalmente serias referentes al idioma oficial y al régimen de incompatibilidades de los cargos y funcionarios públicos para manifestarse sobre temas de separatismo. Por supuesto, los nacionalismos estarían prohibidos dentro de la actividad política, aunque no necesariamente fuera de ella. Y también establecería un protocolo para que un territorio pudiera independizarse. Creo que lo peligroso es no tener previsto ese protocolo y dejar abierta la posibilidad de que en su ausencia, el protocolo lo acaben redactando e imponiendo, desde fuera, los que se quieren marchar.

De todos modos, el anuncio de esta postura reformista de la constitución, en mi planteamiento de un programa, no implica que su acometida debiera colocarse en un primer plano de urgencia, pero sí tan pronto como las circunstancias lo hicieran asequible. Lo primero, lo urgente, lo inmediato del programa debe ser acabar con el paro, con la corrupción, con el déficit público, con la deuda, etc. Todo esto es lo que debe incluirse en el programa con carácter urgente y prioritario. Puede y debe hacerse. Puede prometerse a los ciudadanos, porque todo ello es posible, y el cómo hacerlo, según mi punto de vista, serán las próximas aportaciones que iré publicando en este blog.